Caso Pedro Castillo

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INFORME ESPECIAL
CASTILLO PODRIA SER INHABILITADO POR TRAICION A LA PATRIA

Presidente nuevamente en el ojo de la tormenta por acusación del Congreso
¿El único objetivo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) presidida por Lady Camones es hacer realidad la inhabilitación del presidente Pedro Castillo de la función pública por cinco años?
El informe final fue elaborado por Wilson Soto (Acción Popular), pero la sustentación ahora estará a cargo de Diego Bazán (Avanza País), debido a los cambios en la subcomisión.
El viernes 13 de noviembre, la comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con once votos a favor el informe final contra el presidente Pedro Castillo. En la Denuncia Constitucional 219 se le acusa por presuntas infracciones a la Constitución Política (artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11): por manifestarse a favor de cederle mar a Bolivia, no hacer cumplir los reglamentos del Estado, entre otros presuntos delitos por los que Castillo es acusado por traición a la patria

El documento deberá pasar a la Comisión Permanente para su aprobación o rechazo. De ratificarse el expediente se elevará al Pleno del Congreso para su debate y posible inhabilitación del mandatario.
El presunto delito de traición a la patria surge de la entrevista que brindó el mandatario al canal internacional CNN en Español, el 25 de enero de este año.
En aquel encuentro, el periodista Fernando del Rincón le recordó a Castillo cuando expresó su deseo de otorgarle “mar a Bolivia” al asistir a un evento en ese país. Frente a esto, el presidente se excusó diciendo que en ese entonces “ni le pasaba por la cabeza ser candidato (presidencial)”. Pero que si fuera el clamor del pueblo, lo analizaría.
El informe final, sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, concluyó que estas declaraciones son un “atentado a la integridad nacional”.
Además, dicha acusación es condenada por el artículo 325 del Código Penal: «al que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma”.
Para el abogado Jorge Sumari, la acusación contra el presidente Pedro Castillo “está jalada de los cabellos”. De acuerdo al letrado, las acusaciones “deben darse en base a actos materiales, así que esta medida es algo grosera y simplemente golpista. No tienen fundamentos”.
El jurista también afirmó que los congresistas buscan forzar la vacancia por cualquier causal. Sumari agregó que esta situación ocasionará más división. “Simplemente los congresistas están perdiendo toda visión de gobernabilidad en el país, no están concentrados en gobernar. Lo que originará es descontento en el pueblo”.
El presidente Castillo puede recurrir al Poder Judicial y este le puede dar la razón. Pero para ello, hay que aclarar que inhabilitación no es igual a vacancia.
“Vacarlo es que no puede regresar nunca más, ni siquiera puede apelar al Poder Judicial. Mientras que en la inhabilitación seguirá con el cargo de presidente pero no podrá ejercerlo mientras que dure su inhabilitación o investigación”, dice Ioannis Gonzales especialista del Instituto Peruano de Asuntos Jurídicos (IPAJ)
El viernes 11 de noviembre, el presidente del Congreso, José Williams, citó al mandatario para que asista a la sesión de la Comisión Permanente. La cita será el miércoles 16 de noviembre e iniciará a las 9 de la mañana, para debatirse y votar sobre el informe final de la subcomisión.
La Acusación Constitucional sigue su curso y es casi imposible que Castillo se libre de ello. La única opción para detener el proceso sería estableciendo una Medida Cautelar (MC); pero todas las MC que se dieron en este contexto fracasaron, de acuerdo a la opinión de Ioannis Gonzáles.
Incluso, cualquier intento de disolver el Congreso, argumentando que este pone “zancadillas al Gobierno”, como aseguró Pedro Castillo el sábado 12 de noviembre, tampoco prosperaría. “Para disolver el Congreso, el premier (Aníbal Torres) tiene que acudir a una sesión del Congreso y plantear la cuestión de confianza. Pero de ahí a que el parlamento le de una sesión es otro punto. O también podrían agendarlo para dos a tres semanas después de que se vote el tema en la Comisión Permanente”, explicó Gonzales.
Lo más seguro -considerando la premura de un buen grupo de parlamentarios por “eliminar” a Castillo- es que la inhabilitación se concrete. En ese caso, se convocaría a la vicepresidenta Dina Boluarte a que asuma el despacho de la Presidencia de la República mientras dure el proceso, o el Poder Judicial se pronuncie sobre este caso.

Por: Roger Quispe


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Nacional
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