España anunció suspensión de venta de material antidisturbios a Perú por denuncias de violación a los Derechos Humanos

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A pedido de Amnistía Internacional, Gobierno de España tomó esta decisión ante denuncias por la presunta violación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales contra la gestión de Dina Boluarte.

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, anunció la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de suspender la venta de material antidisturbios al Perú, debido a las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones sociales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hasta la fecha, más de 60 personas fallecieron producto de los enfrentamientos.

“En el momento que empezó esta situación de ruptura y de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú, como lo hacemos siempre. Nosotros, créanme, apoyamos los derechos humanos en todos los países. No hacemos distinción de derechos humanos entre unos países y otros”, dijo Albares en un evento oficial en España.

Esta decisión fue adoptada luego de que, el último viernes 20, Amnistía Internacional exigiera al Gobierno de España la suspensión “de forma inmediata” de la venta de armas ligeras y material antidisturbios a Perú tras las masivas protestas en Lima.

En el comunicado, se advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la Policía Nacional del Perú (PNP) usen el material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición para cometer “graves violaciones de los derechos humanos”. Tema que ya ha sido denunciado a nivel de las autoridades judiciales peruanas y en el exterior.

España es el principal suministrador de armas a Perú

De acuerdo con las cifras expuestas por Amnistía Internacional, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Este armamento viene siendo utilizado por las fuerzas del orden para repelar a los manifestantes. Se calcula que, entre 2017 y 2022, un total de 184 millones de euros se invirtieron en autorizaciones de licencias de armas a Perú. De ellas, 40 millones fueron de material antidisturbios.

En un primer momento, la respuesta de España no fue contundente y se señaló que se brindaría “atención al desarrollo de los acontecimientos” y que cualquier solicitud de exportación de material policial se analizaría. Tras una evaluación, el Gobierno de España optó por tomar en cuenta la alta cifra de fallecidos en el marco de las manifestaciones y las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y por suspender la venta de material antidisturbios.

 

Fuente: La República


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Internacional
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