INFORME N° 10
ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y SICARIATO EN AREQUIPA CON MÁS MINERÍA INFORMAL DEL PAÍS
Por: Roger Quispe
Las constantes muertes en las concesiones mineras de la empresa Intigold Mining, en Caravelí, donde han perdido la vida 14 personas, ha destapado otra realidad de la minería artesanal en Arequipa.
La región concentra la mayor cantidad de mineros informales (16 mil 875) en el país, incluso por encima de otras regiones mineras como Puno o Madre de Dios, según el Registro Integral de Formalización Minera REINFO. Solo en Caravelí, se concentran más de la mitad de los mineros que pretenden ser formales. En esta provincia, los habitantes los habitantes no habían experimentado nada cercano al horror ocurrido el pasado 2 de junio.
Para la mayoría de mineros que llega al distrito de Aticopara trabajar, proveer de dinero a sus hogares y ahorrar para un futuro algo mejor, la minería se ha convertido en una actividad muy riesgosa. Señalan que existen sicarios que les disparan desde los cerros y también drones que sobrevuelan constantemente para vigilarlos. Muestra de todo ello es el derramamiento de sangre y la violencia desatada en la más reciente disputa por el oro.
Las autoridades presumen que detrás de estos hechos hay organizaciones criminales que trabajarían mano a mano con policías y funcionarios corruptos del sector de Energía y Minas, con el objetivo de cometer diversos delitos y en ocasiones, asesinar a quienes incumplan con sus exigencias.
Es por ese motivo que los mineros agraviados desconfían de las autoridades, tienen temor de denunciar a los responsables de los asesinatos perpetrados y piden que, tanto las investigaciones, como el restablecimiento del orden estén a cargo del gobierno nacional. Mientras eso no ocurra, seguirán saliendo a las calles a protestar, a pedir justicia por sus muertos.
El crimen organizado dentro de la minería artesanal
Fueron largas jornadas de trabajo en los que la Fiscal Provincial María Cabana Ocsa junto a sus fiscales adjuntos Shirley Anco Beltrán, Renzo Chire Álvarez y José Sánchez Uriondo sustentaron en audiencia la suficiencia de elementos de convicción que involucrarían a los procesados en la comisión de los delitos de Tenencia Ilegal de Armas, Uso ilegal de Armas y Sicariato, ello tras haberse contratado a personas para atentar de manera violenta contra la vida e integridad de mineros artesanales de la zona en conflicto, como son los mineros artesanales de Asociación Calpa Renace, con el objeto de expulsarlos de las concesiones mineras donde ellos se encuentran posesionados de donde extraen el mineral aurífero. La empresa minera de INTIGOLD a fin de retomar el control y dominio de sus concesiones mineras, permitió que la Asociación de mineros artesanales de Atico Calpa se posesionen dentro de sus concesiones en una zona intermedia, entre la empresa minera de INTIGOLD y la Asociación de Calpa Renace, y sin importar que con dicha actitud promovían el enfrentamiento entre ambas asociaciones y con la gente captada y trasladada a la zona en conflicto promovían no solo el enfrentamiento entre ambos, sino también era aprovechado para que personal de INTIGOLD realicen actos Contra la Vida, el Cuerpo, la Salud e Integridad que generó la muerte de 14 personas y 05 heridos.
Sentencia. Los avances de las diligencias preliminares fueron expuestos en audiencia ante la Jueza de Investigación Preparatoria de Caravelí, Pamela Suárez Gonzáles, quien luego de evaluar el pedido de la Fiscalía dictó prisión preventiva de 18 meses para 17 de los investigados. A los demás se les dictó comparecencia con restricciones, quienes continuarán con el proceso en libertad, mientras se continúan con las investigaciones. El tiempo otorgado por el Poder Judicial permitirá reunir las pruebas necesarias para probar la responsabilidad penal de los denunciados.
Argumentos insuficientes. Durante los cuatro días que duró la lectura de la resolución la defensa de los investigados y los propios detenidos, la mayoría de la ciudad de Lima y el Callao, negaron haber participado en los sucesos del pasado 02 de junio, en el cerro de Huanaquita, asegurando ser inocentes y en su defensa los procesados aseguraron que fueron contratados para dar seguridad a los campamentos negando todo vínculo con el sicariato; sin embargo, para la Jueza de Investigación Preparatoria de Caravelí, sí existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los 31 detenidos con los delitos de tenencia ilegal de armas y sicariato.
Durante el desarrollo de las diversas sesiones, se fueron conociendo detalles de cómo fueron contactados los detenidos para llegar hasta la zona minera de Atico desde Lima, con el fin de atentar contra los trabajadores mineros que laboran en las concesiones de Intigold Mining, como son los mineros de Calpa Renace.
Detenidos. Richard Eduardo Bernal Robles, Jean Carlos Picón Albino, Max Robert Sánchez Quispe, CristhianRolando López Díaz, César Augusto Ruiz Ponce, Andy William Bravo Trujillo, Juan Miguel Manchego Maeda, Albert Josué Vilcapuma Aragonez, Miguel Ángel Montes De La Cruz, Juan Gabriel Tejada Alonzo, Jesús David Quispe Escobar, Joel John Bayona López, Cliford Mejía Laveriano, Kevin Billy Tamani Gonza, Christopher Santos Morales Tineo, Yesperson Paitán Castro y Pedro Leonel Flores Neira.
Comparecencia con restricciones
Pese a que se dijo que existen elementos fuertes de la comisión de los delitos en mención, el Juez de Caravelíseñaló que para los siguientes investigados existirían ciertos arraigos y que por proporcionalidad de la medida les correspondería comparecencia con restricciones, de: Yonley Montoya Huamaní, Carlos Augusto Infantes Changanaqui, Alex Frank Guevara Pfocori, WilintonSaurin Lancha, Roswell Llordan Tuanama Rumay, Juan Carlos Imán Sernaque, Gianmarco Benítez Puntillo, Karim Jaime Brioso Loarte, Melquiades Florez Catura, Edwin Paulo Chávez Chávez,
Conflicto pone en cuestionamiento proceso de formalización minera en Arequipa
Durante la conferencia, el Ministerio Público descartó que en este caso se haya cometido delito de minería ilegal. Los mineros que trabajan en esta zona son mineros informales en proceso de formalización, señaló la fiscal de medio Ambiente, Carolina Cáceres.
